Comisiones Obreras de Extremadura | 16 abril 2024.

Ingresar más para garantizar el estado de bienestar

    Encarna Chacón. Secretaria general de CCOO de Extremadura

    19/09/2022.
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    Escuchamos estos días, a la derecha de nuestro país, abogando por la bajada de impuestos, sin atender a los muchos perjuicios económicos que eso supondría y a las consecuencias negativas que acarrearía en el terreno social y para la democracia, al debilitar el estado de bienestar y la distribución justa de la riqueza.

    Podemos afirmar que disponemos de una estructura formalmente comparable a los de los países de nuestro entorno, con figuras fiscales homologables. Pero tenemos una eficiencia y equidad claramente inferior, tanto por la presencia de un fraude fiscal superior, como por la proliferación de fórmulas legales de elusión fiscal, en lenguaje llano “escaqueo fiscal”, que hacen que la recaudación sea inferior a la que deberíamos tener.

    Ciertamente, hay países con menor contribución fiscal que España, normalmente asociados a modelos socioeconómicos más débiles y con menor protección social. Son países con unos servicios públicos de menor cobertura y con mayores cuotas de desigualdad, ligada a una peor redistribución de la renta. ¿Es eso lo que queremos?

    Las comparaciones de la contribución fiscal en España con la OCDE y no con la Unión Europea y más concretamente con la Eurozona son interesadas y tendenciosas. La OCDE reúne a países tan dispares como Costa Rica, Hungría, Alemania o Turquía. Este discurso pretende que no se aumenten y mejoren nuestros mecanismos de redistribución de rentas a través de los ingresos fiscales y la inversión y el gasto público.

    Siendo rigurosos, según datos de Eurostat, España tiene una contribución fiscal menor que la media de los países europeos. En concreto un 35,2 % frente a un 40,1 % en el conjunto de la Unión Europea de los 28 o frente al 41,5% en la zona euro. Con respecto a Europa, gastamos menos en política de familia y de conciliación, cuyo origen puede estar en el modelo tradicional de familia franquista, en el que a la mujer tenía el papel de cuidadora.

    En nuestro país, la estructura fiscal actual está desequilibrada hacia un mayor peso de los impuestos indirectos, de tal forma que quienes menos tienen están aportando más recursos en términos relativos. Necesitamos, por tanto, una reforma fiscal que debería permitir la obtención de mayores ingresos, para que los sistemas de protección social y los servicios públicos respondan con mayor capacidad y eficiencia y permitan corregir las desigualdades con mayor rapidez e intensidad.

    Asimismo, es insuficiente la lucha contra la economía sumergida, que sigue siendo un lastre. Para mejorar los ingresos, habría que armonizar impuestos como los impuestos de sociedades. La imposición para la riqueza no se debería descentralizar; habría que establecer un suelo tributario para todas las comunidades autónomas.

    Solo fortaleciendo los ingresos públicos se puede mantener un estado capaz de dar respuesta y salida a los problemas provocados por las sucesivas crisis, destinando importantes recursos a la financiación de medidas de choque y ofreciendo soluciones mancomunadas que permiten atender a toda la población. Este es el modelo de estado que ha sido determinante durante la pandemia y ha soportado el inmenso reto que esta crisis ha presentado, con una exigencia enorme para el gasto público. Esto es imposible con musculatura fiscal débil, en cuyo caso, solo los que más tienen pueden sobrellevar las dificultades de una crisis de tal complejidad.

    La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal plantea la necesidad de una reforma fiscal y reforzar el sistema tributario, porque es una herramienta básica para luchar contra las desigualdades económicas y sociales y para permitir un acceso universal a los servicios públicos de calidad, ofreciendo una protección social a todas aquellas personas que lo necesiten, bien por enfermedad, desempleo, discapacidad, edad, localización o cualquier otro motivo.

    Necesitamos, por parte de los poderes públicos, claridad y pedagogía, campañas de sensibilización constantes, que generen sentimiento de rechazo al fraude y a la elusión fiscal, aclarando que las personas que defraudan a la Hacienda pública o a la Seguridad Social no son listas, son tramposas, cuando no delincuentes.

    Por otro lado, es importante reducir o eliminar las múltiples posibilidades de escaqueo fiscal, algo que se atribuye generalmente a las rentas más altas, muy especialmente en cuanto al impuesto de sociedades.

    Sin ingresos, no hay garantía de una educación y una sanidad públicas de calidad, ni de una protección social sólida, ni de las inversiones de las administraciones que precisamos. La consecuencia directa de una bajada de impuestos es el aumento de las desigualdades sociales. Así que mucho cuidado con estas propuestas, que solo benefician a unos pocos y nos perjudican a la mayoría.

    Se puede afirmar que, en España, ese supuesto esfuerzo fiscal superior al resto de países no es cierto y que, si bajamos los ingresos, ponemos en peligro el estado del bienestar, por eso, desde CCOO, exigimos contrarrestar este discurso egoísta, buscar fórmulas de reparto más modernas, progresivas y equitativas, y erradicar el fraude fiscal, una lacra que mina los ingresos públicos, que son de todos y todas, y la propia confianza ciudadana en nuestro sistema democrático.

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