Comisiones Obreras de Extremadura | 19 abril 2024.

Fiscalidad: Frivolidad y Propaganda Electoral

    Julián Carretero Castro. Secretario General de CCOO Extremadura

    14/01/2015.

    La política fiscal es una de las principales herramientas de política socioeconómica de las que dispone un país. Orientada en una dirección u otra será determinante para la calidad y sostenibilidad del Estado social que se pretenda.

    La crisis ha aflorado con rotundidad la necesidad de reformar profundamente nuestro sistema tributario. La fuerte caída de ingresos, el elevado fraude,  los desequilibrios en los mecanismos de redistribución, la elusión constatada de las grandes corporaciones y patrimonios, el sistema de módulos y la ineficiencia manifestada a veces en el gasto,  entre otras muchas cosas, además de hacer tambalear los pilares del Estado del bienestar, han puesto en evidencia  el mal diseño de la política fiscal española.

    Se hace imprescindible disponer de un sistema tributario que profundice en la progresividad, que busque la suficiencia en los ingresos, el rigor en el gasto y que sea equitativo. Ha de ser eficaz persiguiendo el fraude y la elusión fiscal, sencillo y entendible para la ciudadanía, acompañado de una importante acción sensibilizadora -cultura fiscal- para obtener una gran legitimación social.

    Un sistema que contemple la tributación de multinacionales y el tráfico de capitales, la eliminación de paraísos fiscales, la cesión de la soberanía para una política fiscal común de la Unión Europea y la corresponsabilidad fiscal de las distintas administraciones, especialmente de las comunidades autónomas, donde radica la mayor parte  del gasto en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales.

    Esto es la antítesis de lo que Rajoy acaba de imponer en España y que también Monago pretende realizar en Extremadura: otro "engañabobos" más para la ciudadanía. La política fiscal no puede ser un mero sube y baja de impuestos a capricho y conveniencias electorales.

    Monago ha tocado en tres ocasiones los impuestos y tasas sobre los que tiene competencia, visualizando así su falta de rigor y su estrecha concepción de la política fiscal como elemento clave de política general y para el sector público en particular.

    El campeonato del objetivo de déficit fue el gran argumento esgrimido en 2012 para realizar un fortísimo ajuste del gasto en sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, políticas activas de empleo e inversión productiva y para desarrollar el mayor y más injusto incremento de la carga impositiva indirecta jamás llevado a cabo en Extremadura, duplicando el céntimo sanitario e implantando el canon del agua; todo ello habiendo recibido más de 230 millones de euros de ingresos no previstos por el famoso impuesto bancario y otros.

    Ahora poco parece importar ya dicho campeonato y con las elecciones a la vuelta de la esquina pretende esta nueva modificación de la fiscalidad, que sin contemplar la eliminación de los dos impuestos citados y a través de exenciones que escasamente afectarán  a la mayoría social, arbitra unos más que dudosos beneficios fiscales cifrados en torno a los cincuenta millones de euros, como han señalado expertos en la materia y ha puesto de manifiesto el Consejo Económico y Social de Extremadura en su dictamen del Proyecto de Ley.

    Esa falta de rigor y de respeto a la ciudadanía, incluso a las reglas del juego democrático, lleva a la situación grotesca de que los recientemente aprobados Presupuestos de Extremadura para 2015 contemplan ya en sus cuadros de ingresos y gastos la modificación de la Ley Fiscal que ahora se pretende. Con lo que una  de dos, o la Ley sale del Parlamento tal cual la ha presentado el Gobierno o los Presupuesto se verán seriamente alterados, con las negativas consecuencias económicas y sociales que ello acarrearía. En cualquier caso la chapuza está servida y la falta de credibilidad también.

    No debe caerse en la trampa de quienes interesadamente simplifican la cuestión fiscal para situar al  ciudadano en un mero estar a favor o en contra de subidas o bajadas de impuestos, sin contemplar que la verdadera redistribución de la riqueza perdurable e igualitaria sólo es posible por la vía del gasto, ensanchando y consolidando el Estado del bienestar. Quien vende lo contrario, bajando impuestos, sobre todo directos, potencia las desigualdades  y pone en riesgo de exclusión a una gran parte de la sociedad.

    Es poco serio abordar una reforma del sistema tributario tan superficialmente, sin tener en cuenta los elementos necesarios de planificación económica y social con proyección a un tiempo razonable; y de manera muy especial, en lo relacionado con el coste de los servicios, los ingresos propios y los provenientes de otras administraciones. No es sensato, menos aún sin una amplia confluencia social y política, modificar la fiscalidad en medio del deterioro progresivo de los servicios públicos y de  un tejido productivo muy mermado, con altísimo nivel de desempleo y precariedad,  con alertas que se ciernen sobre la recuperación económica y en un contexto de mucha incertidumbre para los ingresos públicos.

    Por otro lado, dado nuestro escaso margen fiscal y nuestra dependencia de la solidaridad de terceros es sumamente arriesgado plantear la modificación del sistema tributario de la Comunidad Autónoma sin tener en cuenta el Sistema de Financiación Autonómica y sus posibles alteraciones. Jugar a subiditas y bajaditas de impuestos en estas circunstancias y con la cuestión territorial en plena efervescencia es una gran irresponsabilidad política y de una frivolidad supina.

      •