Comisiones Obreras de Extremadura | 19 abril 2024.

CCOO cifra en 12 millones los contratos no ejecutados por las administraciones en Extremadura en los últimos 4 meses y lamenta la pérdida de empleo que esto supone

  • Presentación del Observatorio Sectorial de la Contratación Pública de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO
  • La contratación pública en los sectores de la construcción y los servicios presenta en Extremadura una reducción sobre el precio de adjudicación del 15,7%

CCOO cifra en 12 millones de euros la diferencia económica entre las inversiones presupuestadas en Extremadura por las diferentes administraciones públicas para los últimos cuatro meses y lo que realmente se ha ejecutado finalmente. Está merma de inversiones ha supuesto la pérdida de muchos puestos de trabajo y de calidad en algunos servicios básicos.

06/02/2020.
Vincente Sánchez y Mateo Guerra

Vincente Sánchez y Mateo Guerra

Así lo reflejan los datos del Observatorio Sectorial de la Contratación Pública, que la Federación de Construcción y Servicios de CCOO ha puesto en marcha con el objetivo de realizar un seguimiento de los procesos de licitación de las administraciones públicas con el fin de cuantificar la diferencia entre el presupuesto inicial y por el que se concede finalmente.

Este Observatorio publicará mensualmente sus conclusiones en el ámbito estatal y autonómico, extraídas de los datos oficiales.

En concreto, Extremadura ha realizado en los últimos cuatro meses un total de 105 contratos públicos, de los cuales 91 han sido en el último trimestre de 2019 y 14 en enero de este año, con un importe que asciende a los 79 millones de euros y donde se han adjudicado alrededor de 66.

Pérdida de calidad en los servicios y de puestos de trabajo

El secretario general de Construcción y Servicios de CCOO, Vicente Sánchez, y el secretario general de esta federación en Extremadura, Mateo Guerra, han presentado públicamente estos datos lamentado que en gran parte de los casos las administraciones contraten únicamente con criterios economicistas sin preocuparse de los perjuicios que esto provoca en la calidad del empleo y de los servicios que se prestan.

"En Comunidades Autónomas como Extremadura dejar de invertir 12 millones de euros supone muchos puestos de trabajo, poca inversión en actividad privada y poca capacidad de crear PIB en la región", ha criticado Vicente Sánchez, quien ha añadido que hay que exigir a las administraciones públicas "que gasten todo" lo que tienen presupuestado para "conseguir mejores servicios, más empleabilidad y más calidad".

Por su parte, Mateo Guerra ha asegurado que cuando se adjudica "un precio a la baja", la calidad del servicio también se ve afectada ya que en algunos casos las empresas "no dotan a los trabajadores y trabajadoras ni siquiera de la ropa o el calzado adecuado", o "no se sustituyen ni excedencias ni vacaciones".

Necesidad de que se derogue la Ley de Desindexación en la Contratación Pública para evitar las malas prácticas

Ante preguntas de los medios de comunicación sobre la justificación de las administraciones ante estos contratos de licitación basados en criterios únicamente económicos, Vicente Sánchez ha aclarado que el principal argumento que se esgrime es la vigencia de Ley de Desindexación del PP de 2015, a pesar de que también podrían regirse por la Ley de Contratación Pública de 2017 en la que se exige el cumplimiento de criterios de calidad en el servicio.

Con la ley de desindexación, la administración no tiene obligación de "velar por el pago de salarios"; ya que "quita la garantía" de que las empresas con las que se trabaja cumpliesen con las administraciones, lo que supone "un daño muy importante" y, por eso, desde CCOO se reclama su derogación.

Mientras siga vigente esta normativa, el sindicato reclama a los responsables políticos que tomen como referencia la Ley de Contratos Públicos, para que los precios de adjudicación sean los de licitación, con el fin de que las empresas ofrezcan mejores servicios y no carguen a las espaldas de sus plantillas el coste económico que supone las contrataciones temerarias que se producen.

En ese sentido, Vicente Sánchez, recuerda que la Federación de Construcción y Servicios de CCOO ha abierto múltiples pleitos y ha iniciado movilizaciones contra muchas empresas que han incumplido en cuestiones básicas como el pago de salarios, sin que las administraciones que las contrataron se preocupasen de si se cumplía con las nóminas, con el pago de la Seguridad Social o con Hacienda.

El problema es de carácter nacional: El 52 por ciento de las 120.000 licitaciones que se produjeron en España el año pasado, se realizaron "sin criterios técnicos", lo que supone "un problema" porque las administraciones "solo van a precio".

Datos en detalle de los últimos cuatro meses en Extremadura

Durante los últimos cuatro meses, de octubre a diciembre de 2019 y enero de 2020, las distintas administraciones públicas de Extremadura han adjudicado un total de 105 contratos por un importe total de licitación de algo más de 79 millones de euros (79.086.606,32€).

Tras el desarrollo de los procedimientos de licitación correspondientes estos importes se han visto reducidos en un 15,7% quedando finalmente las adjudicaciones en algo más de 66 millones (66.651.750,61€) dejando por consiguiente cerca de 12 millones de euros.

La Administración General del Estado es la que tiene mayor recorte en las adjudicaciones con una diferencia sobre el valor inicial del 18,97% dejando sin adjudicar 3.339.584,66 €. Cuantitativamente la que sufre mayor minoración han sido las adjudicaciones por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura con un recorte de 6.937.189,23, que supone un 17,37%, por último los Ayuntamientos ha adjudicado sobre el precio de licitación 2.158.081,82 € menos que representa un 10,02%.

El mes de octubre protagoniza la mayor actividad con el mayor importe y número de contratos adjudicados: un total de 44 en las actividades de construcción y servicios. Le sigue diciembre con 24, noviembre con 23 y enero con 14.

Las actividades que suponen los mayores presupuestos son las de obras de construcción que suponen el 40% del importe adjudicado, seguido por la solicitud de servicios de seguridad privada (con un 25%) y actividades de limpieza con casi el 20% del total.

Por organismos cabe destacar que en el mes de octubre el ADIF, dejo de adjudicar 2.689.062,81 euros que supone una rebaja sobre el precio de salida de adjudicación de un 23,2%.

El comienzo de año empieza con importantes cifras en obras de construcción. En el mes de enero se han registrado un total de 8 adjudicaciones por un importe final de 7,4 millones de euros y una rebaja del 18,7% de media. De éstas destaca un contrato adjudicado por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la reforma y ampliación de un Centro residencial cuyo valor inicial estimado se cifraba en casi 8 millones y se ha reducido en 1,5 millones, cifra que supone un 19% menos.

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