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CCOO de Extremadura reclama un plan de refuerzo de la jurisdicci贸n social ante un colapso en los Juzgados
CCOO de Extremadura reclama un plan de refuerzo de la jurisdicción social ante un colapso en los Juzgados, que penaliza especialmente a los trabajadores y trabajadoras, puesto que son la parte débil en los procesos y los que tienen menos capacidad de soportar los perjuicios económicos y personales que provoca una larga espera.
Miguel Fuentes y Mar铆a Berrocal
Según el análisis de los señalamientos registrados por los servicios jurídicos de CCOO entre junio y septiembre de 2026, la mediana del tiempo entre la presentación de la demanda y la celebración del juicio alcanza en Badajoz los 330 días en los procedimientos de despido, 317 días en las reclamaciones salariales y 245 días en los procedimientos de Seguridad Social.
Ante esta situación, CCOO reclama un plan plurianual de dimensionamiento de los órganos judiciales, mecanismos automáticos de activación de refuerzos, más medios humanos y materiales y un Observatorio de Demora con datos actualizados que permita detectar y corregir las situaciones de atasco.
La secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, ha planteado estas medidas durante la presentación del informe ‘Sin Justicia no hay derechos’, elaborado por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, que analiza las demoras en la jurisdicción social y su impacto sobre la efectividad de los derechos laborales y sociales. Para el sindicato, los retrasos no constituyen una mera cuestión organizativa, sino un problema estructural que afecta directamente a la tutela judicial efectiva.
CCOO defiende que la jurisdicción social necesita medios suficientes, una organización adecuada, datos transparentes y una estrategia sostenida de reducción de las demoras.
El sindicato considera necesario reforzar los órganos que soportan mayores cargas de trabajo, incrementar los recursos humanos y materiales y establecer medidas extraordinarias allí donde los retrasos estén comprometiendo el ejercicio efectivo de derechos laborales y de protección social.
En este sentido, CCOO reclama que la situación de la jurisdicción social se incorpore a la agenda institucional y política, con participación del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, las administraciones competentes y los interlocutores sociales, para abordar las causas de las demoras y acordar medidas que permitan reducir de forma sostenida los tiempos de respuesta.
El sindicato considera que deben recibir una atención prioritaria los procedimientos relacionados con despidos, salarios, prestaciones de Seguridad Social, derechos fundamentales y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, al tratarse de materias en las que el paso del tiempo puede reducir la eficacia de la protección judicial.
Asimismo, reclama mejorar la información pública sobre el funcionamiento de la jurisdicción social y disponer de datos actualizados no solo sobre los señalamientos, sino también sobre resolución, recursos y ejecución.
Un problema que afecta directamente a los derechos laborales
Para CCOO, la dimensión de las demoras hace que la respuesta judicial deje de ser una cuestión exclusivamente relacionada con el funcionamiento de los juzgados. La jurisdicción social es el ámbito en el que se hacen efectivos derechos relacionados con los salarios, los despidos, las prestaciones de Seguridad Social, los derechos fundamentales, la conciliación, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y los conflictos colectivos.
Según ha detallado el secretario de Estudios, Movilidad y Servicios Jurídicos de CCOO de Extremadura, Miguel Fuentes, en el conjunto del Estado, la situación analizada por CCOO muestra que la demora media en reclamaciones de salarios y reconocimiento de derechos alcanza 450,4 días, unos 15 meses, con 41 provincias en situación de colapso funcional.
En los despidos individuales, la demora media llega a 375,3 días, 12,5 meses, pese a tratarse de procedimientos urgentes y preferentes. En Seguridad Social, el retraso medio alcanza 389,7 días, unos 13 meses, y 36 provincias aparecen en situación de colapso funcional.
María Berrocal sostiene que estos tiempos son especialmente preocupantes porque el retraso puede afectar a la utilidad práctica del derecho que se reclama. El propio informe establece que, en determinados procedimientos urgentes o preferentes, se considera situación de colapso funcional cuando el señalamiento se produce a seis meses o más. Además, los datos analizados únicamente miden el periodo hasta la celebración del juicio, por lo que posteriormente pueden añadirse la sentencia, los recursos y la ejecución.
Diferencias muy acusadas dentro de Extremadura
Los datos extremeños muestran que la situación tampoco es homogénea dentro de la comunidad autónoma. El informe combina los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial con los señalamientos registrados por los servicios jurídicos para analizar los tiempos de respuesta tanto por provincias como por órganos judiciales.
En 2025, la duración estimada media de los asuntos terminados ante los Juzgados de lo Social fue de 11,8 meses en Extremadura, frente a 12,2 meses en el conjunto del Estado. Aunque el dato extremeño se sitúa ligeramente por debajo de la media estatal, continúa por encima de los 9,8 meses registrados en la comunidad en 2021 y 2022.
El análisis de los procedimientos registrados entre junio y septiembre de 2026 evidencia además una fuerte diferencia territorial. En las reclamaciones salariales analizadas, la mediana entre demanda y juicio fue de 317 días en Badajoz frente a 77 días en Cáceres; en los procedimientos de despido, de 330 días frente a 52,5 días; y en Seguridad Social, de 245 días frente a 43,5 días.
El problema también presenta diferencias dentro de la propia provincia de Badajoz. El Juzgado de lo Social número 5 registra una mediana de 386 días en el conjunto de procedimientos analizados, mientras que los números 1 y 4 superan los 300 días. En los procedimientos de despido, las medianas alcanzan 342,5 días en el Social número 1, 330,5 días en el número 4 y 374,5 días en el número 5.
Para CCOO, esta desigualdad refuerza la necesidad de que los recursos se asignen atendiendo a las cargas reales de trabajo de cada órgano judicial y de que existan mecanismos que permitan activar refuerzos cuando las demoras alcancen niveles que comprometan la tutela judicial efectiva.
El retraso continúa después del juicio
CCOO advierte también de que el tiempo de espera para el juicio no representa necesariamente la duración total del procedimiento. En Extremadura, los recursos de suplicación elevados en 2025 equivalieron al 27,8% de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social, por lo que para más de una cuarta parte de las sentencias la tutela judicial continúa en una instancia posterior.
El análisis de diez resoluciones recientes de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura refleja una mediana de 239,5 días, aproximadamente 7,9 meses, entre la resolución de instancia y la sentencia de suplicación. Ocho de los diez procedimientos analizados superaron los seis meses.
Por ello, CCOO defiende que el seguimiento de las demoras debe abarcar el conjunto del itinerario judicial, desde la presentación de la demanda hasta la resolución, los posibles recursos y la ejecución, y no limitarse únicamente al tiempo que transcurre hasta el señalamiento del juicio.
CCOO reclama una respuesta estructural
Miguel Fuentes sostiene que la solución debe pasar de las actuaciones puntuales a una planificación estable. Por ello, plantea un plan plurianual de dimensionamiento, mecanismos automáticos para activar refuerzos, el incremento de los medios humanos y materiales y un sistema de seguimiento mediante un Observatorio de Demora que permita disponer de datos actualizados y detectar con rapidez las situaciones de atasco.
CCOO reclama también que se garantice en la práctica la prioridad de los procedimientos que legalmente tienen carácter urgente o preferente y que se mejore la información pública sobre los tiempos de señalamiento, resolución, recurso y ejecución.
Para CCOO, la demora judicial no puede convertirse en una ventaja para quien incumple ni en una carga añadida para quien reclama la protección de un derecho. La organización sindical defiende que la jurisdicción social debe poder ofrecer una respuesta eficaz en un tiempo razonable cuando están en juego derechos laborales, sindicales y de protección social.
