Así se desprende del Observatorio Social de las Personas Mayores 2026, elaborado por la Federación de Pensionistas de CCOO con la colaboración de la Fundación 1º de Mayo, que analiza la evolución demográfica y la situación de las pensiones, la dependencia y el sistema sanitario público.

El sindicato considera que los cambios demográficos no pueden abordarse únicamente desde una perspectiva estadística, sino que requieren una planificación de las políticas públicas capaz de anticiparse al incremento de las necesidades de cuidados, atención sanitaria y protección social.

Para la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, “hablar de envejecimiento es también hablar de igualdad y solidaridad intergeneracional” y afirma que “frente a quienes pretenden enfrentar a jóvenes y mayores debemos recordar que defender las pensiones, la sanidad o la dependencia es también defender derechos para todas las generaciones”.

El informe advierte de que el peso de la población mayor seguirá aumentando en los próximos años como consecuencia de la llegada a las edades avanzadas de las generaciones del llamado baby boom, el menor tamaño de las generaciones posteriores y el aumento de la esperanza de vida.

De hecho, según alerta el secretario de Organización de la Federación de Pensionistas de CCOO, la población mayor de 65 años ha crecido en un 3,7 por ciento en los últimos 20 años y ya sobrepasa el 20%, incluso el 25% en algunas comunidades y “esto va a ir incrementándose progresivamente”.

En el mismo sentido, el secretario de Organización de la Federación de Pensionistas de CCOO, Ramón Millán, indicaba que los mayores de 65 años representan en Extremadura una de cada cuatro personas, pero las previsiones a futuros es que esta proporción pase en unos años a una de cada tres. “Esto va a repercutir inevitablemente en pensiones, sanidad y dependencia”, explicaba.

En este contexto, Extremadura presenta unas características demográficas que hacen especialmente importante garantizar una red de servicios públicos suficiente y accesible. Para CCOO, el envejecimiento debe abordarse como un reto colectivo y como una oportunidad para consolidar derechos sociales, generar empleo de calidad y desarrollar servicios públicos capaces de responder a las nuevas necesidades de la población.

Más de 230.000 pensionistas extremeños y una pensión media de 1.258 euros

Uno de los principales indicadores que recoge el Observatorio es el número y la cuantía de las pensiones. En Extremadura había en abril de 2026 un total de 230.137 pensionistas, con una pensión media mensual de 1.258,46 euros. Esta cantidad se encuentra por debajo de la media estatal, situada en 1.512,86 euros, lo que supone una diferencia de más de 250 euros mensuales.

La diferencia es también evidente cuando se analiza la situación por sexos. En Extremadura, las mujeres pensionistas perciben una media de 1.159,88 euros mensuales, mientras que los hombres alcanzan los 1.343,41 euros. El diferencial refleja cómo las desigualdades acumuladas durante la vida laboral terminan trasladándose a la etapa de jubilación, como consecuencia de salarios más bajos, carreras de cotización más cortas, empleo a tiempo parcial y una mayor responsabilidad en las tareas de cuidados.

CCOO subraya que esta realidad demuestra que las pensiones no pueden analizarse al margen del mercado laboral. La propia estructura contributiva de la Seguridad Social reproduce, en buena medida, las desigualdades que se producen durante la vida activa. El Observatorio señala que la vinculación entre las carreras profesionales y las prestaciones hace que las diferencias existentes en el empleo terminen reflejándose en las pensiones, afectando especialmente a las mujeres.

Por ello, el sindicato defiende mantener y reforzar las medidas destinadas a reducir la brecha de género, tanto mediante actuaciones sobre el mercado laboral como a través de las medidas de protección social y de Seguridad Social. El informe destaca que las reformas desarrolladas mediante el diálogo social han contribuido a reducir la brecha de género en las nuevas altas de pensiones, aunque la desigualdad continúa siendo significativa.

Garantizar pensiones suficientes y mantener su poder adquisitivo

Para CCOO, el sistema público de pensiones constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar y debe seguir garantizando ingresos suficientes a las personas mayores. El Observatorio señala que el sistema protege actualmente a casi diez millones de personas y que las pensiones cumplen, además de una función social, un importante papel económico, al sostener el consumo y la actividad de numerosos sectores. En 2025, el gasto destinado a proteger a las personas mayores y a las familias en situación de supervivencia representó el 13,7% del PIB.

El sindicato considera especialmente relevante mantener la revalorización de las pensiones vinculada al IPC y continuar reforzando las pensiones mínimas y no contributivas. El Observatorio recuerda que la reforma de 2023 incorporó una garantía de suficiencia vinculada a los umbrales de riesgo de pobreza, una medida que ha permitido mejorar especialmente las prestaciones de menor cuantía.

CCOO reclama que esta protección se mantenga y se consolide, especialmente en territorios como Extremadura, donde las cuantías medias de las pensiones son sensiblemente inferiores a la media nacional. Para el sindicato, garantizar pensiones suficientes no es únicamente una medida de protección social, sino también una política de cohesión territorial y de dinamización económica, especialmente importante en municipios y zonas rurales donde las pensiones tienen un peso considerable sobre la economía local.

Extremadura concentra una elevada utilización de prestaciones económicas en dependencia

El capítulo dedicado a la dependencia sitúa a Extremadura ante uno de los principales retos señalados por CCOO. El Observatorio alerta de que la evolución del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia ha estado acompañada por un crecimiento muy importante de determinadas prestaciones económicas que no siempre garantizan el mismo nivel de atención que los servicios profesionales.

El dato más destacado para Extremadura es que el 53,5% de las personas atendidas por el sistema lo hacen mediante una Prestación Económica Vinculada a un Servicio, PEVS, uno de los porcentajes más elevados del conjunto de las comunidades autónomas.

El Observatorio explica que este tipo de prestación implica que la persona dependiente recibe una ayuda económica para acceder a un servicio privado y puede tener que asumir con sus propios recursos la diferencia entre la prestación pública y el coste real del servicio. El informe identifica este mecanismo como una fuente de desigualdad, especialmente para las familias con rentas medias y bajas.

CCOO considera necesario avanzar hacia un modelo en el que los servicios profesionales, públicos o concertados, sean la referencia fundamental del sistema de dependencia, evitando que la capacidad económica de cada familia determine el acceso a unos cuidados de mayor o menor calidad. El Observatorio reclama, en este sentido, priorizar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas, mejorar las ratios de plantilla y garantizar una financiación pública suficiente.

La situación adquiere mayor importancia ante el incremento previsto de la población de mayor edad. El propio informe advierte de que las nuevas solicitudes de dependencia seguirán creciendo a medida que las generaciones actuales alcancen las edades en las que aumenta la probabilidad de necesitar cuidados. En marzo de 2026 más de 232.000 personas permanecían en lista de espera en el conjunto del país, una situación que también afecta a territorios como Extremadura y que, según CCOO, exige anticipar recursos y plantillas.

Una sanidad pública que necesita recursos suficientes y planificación a largo plazo

El envejecimiento de la población tiene también una incidencia directa sobre la sanidad pública. El Observatorio pone de manifiesto las diferencias territoriales existentes en gasto sanitario y recursos y destaca expresamente el esfuerzo realizado por Extremadura, que destina cerca del 9% de su PIB a sanidad, frente a una media autonómica situada en torno al 6%.

El sindicato considera que este esfuerzo debe traducirse en una atención sanitaria accesible y de calidad y que el incremento de las necesidades asociadas al envejecimiento hace imprescindible mantener una apuesta decidida por la sanidad pública y por la Atención Primaria. El informe destaca precisamente el papel de la Atención Primaria como puerta de entrada al sistema, por su capacidad preventiva, su proximidad territorial y su importancia para el seguimiento de las enfermedades crónicas.

En el caso extremeño, el Observatorio señala además una ratio de 1 profesional médico de Atención Primaria por cada 1.000 personas asignadas en 2024, situando a Extremadura, junto a Castilla y León, entre las comunidades con mayor dotación de médicos de Atención Primaria.

CCOO considera que estos recursos deben consolidarse y reforzarse ante una población cada vez más envejecida y con mayor prevalencia de enfermedades crónicas, evitando que las dificultades de acceso a determinados servicios puedan terminar provocando un aumento de las desigualdades territoriales.

El informe también recoge un dato especialmente relevante sobre las listas de espera quirúrgicas. Extremadura registraba en 2025 una tasa de 10,8 pacientes por cada 1.000 habitantes en espera quirúrgica, entre las más bajas del conjunto de comunidades autónomas. Además, desde 2016 la tasa extremeña se había reducido un 50,3%, frente a un incremento del 20,4% en el conjunto del Estado.

Para CCOO, estos datos muestran que la evolución de las listas de espera debe analizarse con perspectiva y que la solución pasa por consolidar los recursos públicos, reforzar las plantillas y mejorar la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la ciudadanía.

Más recursos públicos para afrontar el envejecimiento

El Observatorio Social de las Personas Mayores 2026 plantea una conclusión central: el aumento de la longevidad debe ir acompañado de una mejora de las condiciones en las que las personas viven esos años. Para CCOO, no basta con garantizar que las personas vivan más tiempo, sino que es necesario asegurar que puedan hacerlo con autonomía, derechos y calidad de vida.

Esta perspectiva requiere reforzar de manera coordinada las pensiones, la dependencia, la sanidad pública y el conjunto de servicios sociales. También exige políticas de empleo que permitan construir carreras laborales más estables y mejor remuneradas, porque las condiciones de trabajo de hoy determinan en buena medida la protección social de mañana.

CCOO reclama, por tanto, que las administraciones públicas afronten el envejecimiento como una prioridad de política social y económica, con una planificación específica para Extremadura que tenga en cuenta sus características demográficas, territoriales y laborales. El sindicato considera imprescindible garantizar financiación suficiente, reforzar las plantillas de los servicios públicos, reducir las desigualdades territoriales y asegurar que la atención a las personas mayores no quede condicionada por su nivel de renta.

En este sentido, el Observatorio plantea aumentar la financiación pública del sistema de dependencia hasta situarla entre el 1,5% y el 2% del PIB en la próxima década, condicionar la financiación al cumplimiento de los objetivos de reducción de las listas de espera, priorizar los servicios profesionales y mejorar las ratios de plantilla.

Para CCOO, Extremadura necesita aprovechar el proceso de envejecimiento para consolidar una red pública de cuidados y servicios capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía, al mismo tiempo que se generan empleos estables y de calidad en sectores vinculados a la atención a las personas. El sindicato defiende que el envejecimiento no puede convertirse en un factor de desigualdad, sino que debe abordarse desde la garantía de derechos, la cohesión social y el fortalecimiento del Estado de bienestar.

El Observatorio Social de las Personas Mayores 2026 concluye que el desarrollo de entornos dotados de recursos públicos y comunitarios es esencial para garantizar la igualdad de acceso a los derechos y una distribución justa de los recursos a lo largo de todo el ciclo vital.