CCOO denuncia la dejadez y pasividad del Gobierno ante el mal funcionamiento de la cita previa en la Seguridad Social

    CCOO denuncia la falta de respuesta del Gobierno ante la venta de citas previas para servicios públicos tan esenciales como son el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería, poniendo en riesgo los datos de carácter personal de quienes hacen uso de ellos y aumentando la vulnerabilidad de las personas más desfavorecidas.

    16/07/2020.
    Oficina de la Seguridad Social

    Oficina de la Seguridad Social

    En el caso concreto de la provincia de Cáceres, los ciudadanos están teniendo serias dificultades para acceder a la cita previa, con teléfonos que se colapsan o en muchas ocasiones no funcionan. Desde CCOO entendemos que la atención telemática tiene que ser un derecho y no un medio único de atención.

    Los ciudadanos se están viendo abocados a acudir a empresas externas, para realizar las gestiones más básicas y necesarias tras la declaración del estado de alarma, así como para el tráfico normal de las actividades propias de estos organismos, suponiendo un gravamen innecesario para una población en muchos casos muy desfavorecida económicamente.

    CCOO requiere del Gobierno un esfuerzo especial en el refuerzo de la atención presencial y personalizada, garantizando medios suficientes tanto en personal público como de equipos informáticos, programas actualizados y eficientes, que permitan y aseguren la prestación de un servicio público de calidad hacia la ciudadanía, transparente e igualitario en el acceso a los derechos fundamentales que los asisten.

    CCOO ha instado en múltiples ocasiones la ejecución de las ofertas de empleo público de 2018 y 2019, incluyendo la estabilización de empleo temporal, como medio para empezar a resolver la falta estructural de la plantilla que se viene acumulando en las oficinas y que va en detrimento de la atención a la ciudadanía, así como la limitación de las externalizaciones de servicios públicos en favor de empresas privadas, con la consiguiente precarización del empleo público y la calidad de los servicios que deben ser garantizados.

    La Administración es la que tiene la obligación de poner al alcance de los ciudadanos las herramientas necesarias para que el estado del bienestar funcione correctamente, y no crear discriminaciones estableciendo ciudadanos de diferentes categorías, según puedan o no tener acceso a la gestión privada.

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