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Pactos y concertación social, churras y merinas

    Julián Carretero Castro. Secretario General de CCOO de Extremadura

    17/06/2015.

    El diálogo político y el diálogo social son dos conceptos políticos positivos. Pero no siempre tienen que entremezclarse o ir de la mano, debiendo distinguir los ámbitos de actuación de cada cual, los agentes implicados y los objetivos específicos.

    El acuerdo político responde a la aproximación estratégica y programática entre partidos. Con el pacto busca la estabilidad para la acción de gobierno y legislativa necesaria para la  misma. La práctica del diálogo político debiera ser deseable y habitual en cualquier caso, haciéndose imprescindible si no hay mayoría absoluta, como sucede en  Extremadura en la legislatura que se inicia, ocurriendo también en la recién finalizada.  

    Concierne a los partidos ejercer la pedagogía precisa acerca de los distintos pactos. Si éstos se han producido o no. Qué objetivo buscan: investidura, legislatura, gobierno o puntuales y concretos. Y qué compromisos y contenidos encierran. Esto me parece más significativo para la regeneración y participación en la vida política, que el striptease  con parafernalia mediática de la negociación, pues además de derivas a meras poses estéticas, entraña connotaciones negativas de desconfianza e impropias de organizaciones con profundas convicciones y buena salud democrática.

    De poco nos sirve a la ciudadanía tanta conversación televisada a modo de ?gran hermano?, si al final no nos enteramos si hubo acuerdo o no, cual fue su verdadero contenido o los límites que lo impidieron en tal caso. Digo esto, quizás por aquello del ?gato escaldado?: ha terminado la legislatura 2011-2015, ha pasado el 24M con el resultado electoral conocido y aún no he conseguido enterarme si entonces, el famoso decálogo de la llave fue un pacto de investidura o de legislativa, si en algunos casos también lo fue para ciertos ámbitos de gobierno e influencia o no, o si las tan traídas y llevadas abstenciones fueron activas o pasivas. En fin, un lio. De ahí la necesidad de pedagogía y criterio democrático.

     Fuera lo que fuera aquello, tengo claro  que ejerció de impedimento clave para desarrollar un clima de concertación social trascendental en aquellos momentos tan delicados para las personas y las condiciones sociolaborales y económicas de la región.

    El diálogo social es el mecanismo del que se dotan los llamados estados sociales  modernos para establecer niveles adecuados de paz social, al tiempo de procurar equilibrar el conflicto imperante entre capital y trabajo. Amparado por la Constitución Española y por nuestro Estatuto de Autonomía, tiene dos ámbitos bien diferenciados: el bipartito, entre agentes económicos y sociales (negociación colectiva básicamente) y el tripartito, con la incorporación del correspondiente gobierno, para tratar de incidir en la planificación y desarrollo de las políticas públicas, con especial relevancia en las de carácter económico y social.

    En estos días en que sin duda el protagonismo lo debe tener el diálogo político tanto en la configuración de la Asamblea, la investidura del Presidente de la Junta y el consiguiente Consejo de Gobierno, se hace necesario no mezclar ?churras y merinas?. Y lo más importante, tener muy en cuenta que el pacto (o el no pacto) político, por muy legítimo que sea no debe solapar al pacto social. Ambos espacios de concertación deben ser complementarios e igualmente impulsados desde el nuevo gobierno, porque de su intensificación junto al compromiso de las partes depende en gran medida el presente y futuro de Extremadura.

    La disminución del peso específico de los salarios en el PIB regional, situándose actualmente más de dos puntos por debajo de los beneficios empresariales, un nivel de pobreza del 33%, una tasa de paro por encima del 30% con más de 42.000 personas que llevan más de dos años buscando empleo y una tasa de cobertura por debajo del 65%, con caída de doce puntos en los últimos cuatro años, hace que rescatar a las personas en grave riesgo de exclusión se convierta en el objetivo prioritario para la concertación social.

    En paralelo a esta prioridad debe platearse un trabajo de rediseño del ?Pacto Social y Político de Reformas? rubricado en 2010, acompañado de una verdadera estrategia fiscal, que junto a la financiación autonómica y un redimensionamiento de los Fondos Europeos y de la Estrategia Industrial permitan en los próximos años, recuperar servicios públicos esenciales y un desarrollo económico y del empleo suficientes para afrontar con ciertas garantías el sostenimiento de la factura social que Extremadura requiere.

    La ineficacia de las políticas practicadas en estos últimos años, nos deja un considerable endeudamiento público (19% PIB), un tejido productivo laminado y la necesidad de un cuantioso ajuste adicional por incumplir el límite del déficit y  sobredimensionar los ingresos presupuestarios que no puede ser óbice para el rescate social. Ello debe abrir otro frente de trabajo, con amplio respaldo social y político, para exigir al Gobierno de España un potente ejercicio de solidaridad tanto en las políticas públicas como en las estrategias de desarrollo, para lejos de reducir o paralizar inversiones vía Presupuestos del Estado, se incrementes hasta alcanzar, al menos, la media del cuatrienio 2007/2011 donde se situaron  entorno de los 900 millones/años.

    Cuándo de nada sirve rezar ni llamar caminos a los surcos del azar, como un día apuntó el poeta, deben ser la inteligencia colectiva, un fuerte compromiso político y social y la lealtad democrática quienes orienten diálogo y concertación para definitivamente dejar atrás aquella senda que ojala nunca volvamos a pisar.