Comisiones Obreras de Extremadura | 20 abril 2024.

Se implantan y suprimen enseñanzas en centros docentes públicos sin pasar por la Mesa Sectorial de Educación

    La Consejería de Educación y Empleo de Extremadura ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura la resolución de 17 de junio de 2020 por la que se dispone la implantación y supresión de enseñanzas en centros docentes públicos no universitarios sin haber siquiera informado a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación.

    29/06/2020.
    Más recortes en Educación

    Más recortes en Educación

    Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura mostramos nuestra sorpresa y malestar por la actitud de la Consejería de Educación y el nulo interés que demuestra desde hace más de un año por la negociación colectiva, menospreciando una vez más el papel que corresponde a las organizaciones sindicales.

    En esta ocasión, la Consejería de Educación anuncia por sorpresa, sin información ni negociación previa, la implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional, de Enseñanzas de Personas Adultas y a Distancia, de Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial y la supresión de cuatro ciclos de Formación Profesional Básica, dos ciclos de Grado Medio y cuatro de Grado Superior.

    La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura considera que esta resolución vulnera la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, que en su Título III, sobre Representatividad sindical, establece en su artículo sexto nuestro derecho a “participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación”.

    En consecuencia, exigimos a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura que convoque con carácter urgente Mesa Sectorial de Educación para tratar estos y otros asuntos pendientes y deje de vulnerar los derechos de libertad sindical o recabaremos la tutela del órgano judicial competente.