Comisiones Obreras de Extremadura | 21 noviembre 2024.

Mejorando las pensiones y garantizando su futuro

    Beatriz Blanco. Secretaria de Política Social de CCOO de Extremadura

    07/02/2022.
    Artículo en Prensa

    Artículo en Prensa

    La reforma de pensiones aprobada por las Cortes Generales el pasado diciembre valida de forma definitiva el Acuerdo de Diálogo Social, alcanzado en julio de 2021, por el Gobierno y los agentes sociales. Un acuerdo que se ajusta al conjunto de las recomendaciones del Pacto de Toledo, refrendadas con un amplio consenso parlamentario en noviembre de 2020, devolviendo este asunto a la senda de la concertación política y social, en contraposición a la reforma impuesta unilateralmente por el Gobierno del Partido Popular en 2013.

    Sólo el título de la Ley ya da pistas del cambio de rumbo en materia de Seguridad Social que supone esta reforma: “Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”. Y es que cuando hablamos de pensiones no hablamos solamente de la población que actualmente es pensionista, sino de aquellas personas que lo serán en el futuro. Por tanto, esta reforma de pensiones da garantías a la población pensionista, pero a la vez traslada un mensaje de seguridad y confianza hacia las generaciones más jóvenes que deberán recibir, cuando sean pensionistas, una protección comparable a la que contribuyen a financiar durante toda su vida laboral.  

    En primer lugar, esta reforma de pensiones supone la derogación de la reforma de 2013, de manera que la revalorización del 0,25% ya es historia y se elimina de la normativa el Factor de Sostenibilidad. A partir de ahora las pensiones vuelven a revisarse con el IPC medio registrado cada año, garantizando además que éstas no bajen en caso de años de inflación negativa. Como el IPC medio de 2021 ha sido del 2,5%, las pensiones contributivas y clases pasivas subirán en 2022 esta cantidad, mientras que las pensiones más bajas (no contributivas, pensiones mínimas e ingreso mínimo vital) subirán un 3%. 

    Además, se cobrará una paga de atrasos equivalente a 14 pagas del 1,6% de la pensión mensual de 2021. Esto significa que, por poner unos ejemplos, para una pensión de 800 euros, los atrasos serán de 179,20 euros y la pensión mensual para 2022 ascenderá a 840,50 euros. 

    Se deroga también el Factor de Sostenibilidad, que amenazaba las pensiones de las generaciones de trabajadores y trabajadoras más jóvenes porque suponía la reducción de la pensión inicial hasta de un 20% en el caso de las personas nacidas en la década de los 90. De este modo se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones ahora y en el futuro. 

    En segundo lugar, destaca la inclusión del compromiso del Estado como garante público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado de entorno a un 2% del PIB. Se culmina así el cumplimiento, hasta la fecha, del Principio de separación de fuentes y se garantiza desde ahora mismo cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050.

    Otro elemento incluido en la reforma que mejora la estructura de ingresos del Sistema es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, en vez de basarse en la lógica de los recortes como hacía el derogado Factor de Sostenibilidad. La equidad intergeneracional del nuevo mecanismo se basa en la aportación de una cotización adicional durante los próximos diez años del 0,6% de manera que todos esos recursos vayan a recomponer la caja de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en la anterior crisis se vació de manera acelerada y precipitada.

    Esta reforma de pensiones incluye también medidas orientadas a una revisión del modelo de jubilación anticipada. Se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores, se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, y se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades. Se iguala en este marco los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar.

    Finalmente, se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos de los que ya existían, entre los que destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.

    Quedan pendientes de regular algunos elementos del Acuerdo de julio, como son: la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional tengan o no carácter remunerado, la protección social de fijos y fijas discontinuas en incapacidad temporal o la cotización por ingresos reales para los trabajadores y trabajadoras del Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA).

    Asimismo, las prioridades de CCOO para la segunda fase de negociación de la reforma de pensiones son el refuerzo de las pensiones mínimas, tan importante en una región como Extremadura, el destope de las bases máximas de cotización o la integración de lagunas de cotización.

    Por último, no se puede entender esta reforma de pensiones de una manera aislada de otros acuerdos alcanzados en los últimos dos años en el marco del diálogo social. La subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 965 euros, los acuerdos para prorrogar los ERTES o las ayudas especiales a trabajadoras y trabajadores autónomos durante la pandemia, el acuerdo para la puesta en marcha de un plan de choque en la atención a la dependencia y sobre todo, la recién convalidada Reforma Laboral, son elementos adicionales para sostener también el sistema público de pensiones, mejorando la capacidad de distribución de renta de los trabajadores en las empresas, y mejorando los sistemas de protección social.

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