La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO y CCOO de Extremadura han presentado los datos y conclusiones del “Observatorio Social de las personas mayores 2023”, un amplio estudio que analiza la situación de las personas mayores, entre ellas las 238.092 pensionistas que hay actualmente en la región extremeña.

La secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha destacado la importancia del diálogo social con el Gobierno a la hora de mejorar la vida de las personas mayores en aspectos como la revalorización de las pensiones o la mejora del sistema de atención a la dependencia a través de un plan de choque específico.

Así lo ha señalado durante la presentación de este estudio junto al secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Juan Sepúlveda, y el secretario de Organización de esta federación en Extremadura, Sergio Cuenca.

Pensiones

Encarna Chacón se ha referido a la repercusión del informe en Extremadura y ha subrayado el papel del Diálogo Social con el Gobierno para mejorar la vida de la gente. En este sentido ha querido destacar la cuestión de las pensiones, cuya reforma ha sido un gran avance en el que se refuerza la solidaridad y la eficiencia.

El último dato de las pensiones del pasado mes de abril indica que la región cuenta con 238.092 pensionistas, con una media que supera los 1.000 euros, en concreto 1.022 euros al mes.

Gracias a la revalorización de las pensiones ligada a la inflación y a garantizar el poder adquisitivo, en vez del 0,25 por ciento que impuso el PP en su momento, se ha evitado que cada pensionista en Extremadura haya perdido 1.055 euros al año o 75 euros al mes y que el conjunto de la economía regional habría dejado de percibir más de 246 millones de euros.

También fruto del diálogo social y en relación a la segunda fase de la reforma de pensiones de 2023, se ha incluido una nueva garantía de suficiencia de las pensiones mínimas y las no contributivas, para que ninguna pensión esté por debajo del umbral de la pobreza.

Una medida que, según el informe, es muy relevante en Extremadura, donde casi el 40 por ciento de las pensiones necesita complemento a mínimos y que, además, tiene un fuerte impacto en la reducción de la brecha de género, ya que dos tercios de las pensiones mínimas y las no contributivas están reconocidas a mujeres.

Sobre esto último, Chacón ha resaltado que también a través del diálogo social se está poniendo medidas "paliativas" ante un tema que les preocupa, como la brecha de género, ante lo que ha detallado que como sindicato intervienen en dos ámbitos, en el mercado laboral cuando las personas y en este caso las mujeres están en activo, a través de los planes de igualdad, con los que analizan el contexto y actúan si hay discriminaciones salariales.

Por otro lado, y a través de la concertación y el diálogo social, han modificado un complemento que puso en marcha el PP, el de maternidad, ante lo que ha valorado que el complemento de brecha de género "sí va a tener en el futuro ese elemento de poder eliminar la discriminación que existe en este momento".

Por su parte, Juan Sepúlveda ha destacado sobre las pensiones que el diálogo social ha posibilitado que se revaloricen con arreglo al IPC, que dicho sistema es uno de los pilares del Estado del Bienestar y que actualmente más de 9,5 millones de personas viven de las pensiones públicas, así como que, en la actualidad, el dinero que se dedica a las pensiones supone el 12,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Atención a la Dependencia

En relación a la Dependencia y también fruto del diálogo social, hay recursos a través del Plan de Choque, que "ha venido a dignificar más el trabajo de la Dependencia y por supuesto a que el gasto sea mayor para poder, en definitiva, cumplir sus objetivos", a la par que ha indicado que se han mejorado los tiempos de tramitación dentro de dicho sistema, aunque "es verdad que es insuficiente" y que si en 2018 en las listas de espera había un 15 por ciento de solicitudes pendientes de resolver, en el 2022 se ha reducido al 5 por ciento.

Chacón ha apuntillado también que las prestaciones que más peso tienen la Dependencia son las vinculadas a servicios, la ayuda a domicilio, y que según datos de 2021 y 2022 en Extremadura se ha apostado por la profesionalización del sector, ante lo que CCOO exige que ese servicio sea público, porque "los dineros públicos tienen que venir para mejorar los servicios públicos, no para facilitar a las empresas privadas".

Sanidad Pública

En cuanto a la Sanidad, indica que el sistema sanitario tiene una oportunidad de mejorar sus prestaciones, fundamentalmente en la Atención Primaria y la geriátrica, y que en 2021 Extremadura era la comunidad con una mayor inversión en sanidad pública, en torno al 10 por ciento del PIB frente a la media nacional situada en el 6,7 por ciento. También en Atención Primaria la inversión se sitúa por encima de la media nacional, mientras que se tienen "dificultades" en la Atención Especializada y en las listas de espera.

Sobre las condiciones de vida, ha agregado que la soledad no deseada es uno de los problemas fundamentales que se encuentran las personas mayores y que en Extremadura hay programas municipales para paliar esta situación, o refuerzos para la salud mental, así como el informe también aborda el maltrato a las mayores, en relación a lo cual la región cuenta con un plan estratégico del Servicio extremeño de promoción de la autonomía y atención de las personas con dependencia y se está trabajando en este sentido en los centros residenciales.

En esta materia, Juan Sepúlveda, ha abogado por que se pase de una dotación del 0,67 por ciento del PIB a alcanzar un 1,5 por ciento del PIB para que la atención de dicho sistema sea la "adecuada", y en el caso de la Sanidad pública de un 6,7 por ciento del PIB al 7,5 por ciento "como mínimo" para que no se siga deteriorando, aunque este último se trata de un dato de 2021, uno de los años en los que más dinero se empleó en la atención sanitaria pública debido a la covid, y que actualmente ha disminuido y se dedica menos dinero.

Sergio Cuenca también ha mostrado la preocupación de la federación extremeña por la situación sanitaria en la región. Ha defendido la aprobación de una ley integral de atención a las personas mayores y que la atención primaria no solo se refuerce, sino que además sea preventiva, es decir, que haya una coordinación con los servicios sociosanitarios para evitar hospitalizaciones que no hubieran sido necesarias si se hubiera actuado antes. Por otro lado, ha reclamado que el copago de los productos farmacéuticos para las personas mayores sea gratuito.

OBSERVATORIO SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES 2023

Este trabajo, que se viene realizando desde hace varios años por la Fundación 1º de Mayo en colaboración con la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, persigue examinar las condiciones de vida y los recursos destinados a las personas mayores, a partir de diversos indicadores y fuentes de información.

En esta edición se analiza el impacto de la última reforma de pensiones sobre la revalorización de pensiones y se abordan también otros asuntos de importancia para las personas mayores, como el funcionamiento del Sistema de Atención a la Dependencia o el Sistema Nacional de Salud, la soledad no deseada o la salud mental.

Todas estas cuestiones se abordan en el marco de una aproximación demográfica que es clave para entender lo que está sucediendo en este incremento de la longevidad en las sociedades europeas y en España.

Desde el punto de vista metodológico, el Observatorio utiliza datos de 2022 de las fuentes estadísticas oficiales de la Seguridad Social, IMSERSO y Ministerio de Sanidad para los Sistemas Públicos de Protección Social, y de otras fuentes de diversa índole para los aspectos relacionados con las condiciones de vida. 

El documento se estructura en cinco capítulos: la situación de la población mayor, el sistema público de pensiones, el sistema de atención a la dependencia, el sistema nacional de salud, así como las condiciones de vida de la población mayor, en el que se abordan cuestiones de diverso tipo como la soledad no deseada, la salud mental, el uso de las TIC, el consumo o el maltrato de las personas mayores. En el último capítulo, se recogen las principales conclusiones de la presente edición. Finalmente, el anexo recoge las tablas de datos estadísticos utilizados en los diferentes capítulos.

1. LA POBLACIÓN MAYOR

• La evolución de la esperanza de vida a los 65 años en España muestra un progresivo aumento desde el año 2000, que se vio truncado en 2020, como consecuencia de la pandemia, pero que ha vuelto a retomar la progresión.
• No obstante, existen diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Madrid y Navarra destacan por la mayor expectativa, mientras que Ceuta y Melilla, junto a Andalucía y Extremadura se encuentran a la cola. Se trata de unas diferencias que se explican en buena medida por diversos factores interrelacionados entre sí, como el nivel de estudios alcanzados (a mayor nivel de estudios, mayor esperanza de vida), condiciones de trabajo, nivel y condiciones de vida, entre otros.
• También existen diferencias marcadas por género. En el caso de nuestra región, la esperanza de vida de las mujeres a los 65 años es de 22.2 años, frente a los 18.3 de los varones extremeños.
• Sin embargo, el objetivo no es sólo aumentar los años de vida, sino reducir los años en que las personas mayores sufren enfermedades y discapacidades. La medición de la esperanza de vida saludable permite observar los avances en este camino. Este indicador ha tenido una evolución similar que el anterior, con diferencias también por cuestión de género y territorio. En Extremadura, la esperanza de vida saludable ha aumentado de 16.7 años en 2008 hasta los 18.4 en 2020. Las mujeres tienen una esperanza de vida saludable a los 65 años de 19.8 años, mientras que para los hombres es de 16.5 años.
• Estas expectativas de vida se ven representadas en la composición de la población en España. Así, desde 1975 ha crecido acusadamente la población mayor de 64 años hasta prácticamente doblarse y representar, en 2022, el 20% de la población en España.
• El peso de la población mayor está, sin embargo, desigualmente distribuida en el territorio español. Extremadura se sitúa en octava posición, con un 23.7% de mujeres mayores de 65 años y un 19.3% de hombres mayores de esta edad.

 2. SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

• La estadística de pensiones contributivas en vigor a 1 de agosto de 2023, registraba 235.752 pensiones en Extremadura, con una pensión media de 999.41 euros, frente a los 1.195,65 euros de media nacional. Por tipo de pensión, el 58% de las pensiones contributivas en la región son de jubilación, con una cuantía media de 1149,17 euros mensuales, la más baja de toda España frente a los 1.375,68 euros de media nacional y a los 1.684,18 euros del País Vasco, que supone una diferencia entre ambos territorios de 535 euros. El 25% de las pensiones contributivas en la región son de viudedad, con un importe medio de 775,35 euros en Extremadura frente a los 852,44 euros de media nacional y a los 1037,3 euros del País Vasco.
• El 39,83% de las pensiones en Extremadura necesitan de complemento a mínimos (93.901). Por clase de pensión, entre las de jubilación este porcentaje es del 36.36% y entre las de viudedad, el 50,39% de ellas tiene complemento a mínimos.
• En cuanto a las pensiones no contributivas, en julio de 2023 se registraron en nuestra Comunidad 12.318, con un importe medio de 499 euros (frente a los 509 de media estatal). Existen dos clases de PNC, las de jubilación resultan las más numerosas (suponen el 58% del total) y su cuantía media se sitúa en 481€, mientras que las pensiones de invalidez (42%), presentan una cuantía algo superior alcanzando los 525,44€ de media.

La lucha sindical contra la brecha de género en las pensiones

• La brecha de género es uno de los principales ejes de desigualdad que se trasladan del mercado de trabajo al sistema de pensiones. Opera en dos ámbitos: en la pensión propia (menor proporción de pensiones propias en las mujeres) y la pensión más baja (menor cuantía de las pensiones).
• La respuesta sindical de CCOO para luchar contra la brecha de género ha consistido en actuar sobre el origen y las consecuencias de las brechas: combatiendo, por un lado, las causas originales de las brechas de género en el mercado de trabajo y, en paralelo, utilizando nuestra capacidad de intervención (desde el diálogo social) en la legislación de Seguridad Social para reducir el impacto que las brechas de empleo despliegan sobre las prestaciones sociales.
• Dentro de esta segunda línea de actuación, desde 2021 se viene reconociendo un complemento para la reducción de la brecha de género para todas las pensiones causadas por mujeres. Este nuevo complemento viene a corregir el antiguo complemento por maternidad puesto en marcha por el gobierno del PP en 2016 y que, en la práctica, en lugar de ayudar a reducir la brecha de género está contribuyendo a aumentarla.
• En Extremadura, en septiembre de 2023 había 23.852 pensiones en vigor con complemento por maternidad, de las cuales el 85% pertenecían a mujeres. Sin embargo, el importe medio de estos complementos por maternidad de pensiones femeninas era de 62€ mientras que el de los varones era de 98,73€ debido a que los hombres tienen pensiones más altas y generan también complementos de mayor cuantía.
• En cambio, el nuevo complemento de brecha de género lo tienen reconocido un total de 14951 pensiones en nuestra región, pero el efecto sobre las mujeres es diferente, ya que el importe medio al mes es de 74,70€, frente a los 45,97€ al mes del complemento de pensiones masculinas.
• La revalorización de las pensiones ligada a la inflación (en vez del 0,25%), pone de manifiesto la importancia del acuerdo adoptado en el seno del diálogo social en 2021, ya que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones de nuestra región. De tal manera, que si se hubiera mantenido la fórmula de revalorización anterior, cada persona pensionista en Extremadura habría “perdido” 1.055€/año (75€/mes) y el conjunto de la economía regional habría dejado de recibir algo más de 246 millones de euros, que ha sido destinado mayoritariamente al consumo de bienes y servicios de los que depende la actividad económica y el mantenimiento y creación de empleo.
• Asimismo, fruto del diálogo social (segunda fase de la reforma de pensiones de 2023) se ha incluido una nueva garantía de suficiencia de las pensiones mínimas y las no contributivas, para que ninguna pensión esté por debajo del umbral de la pobreza. Esta medida es muy relevante en Extremadura, donde casi el 40% de las pensiones necesita complemento a mínimos, y además tiene un fuerte impacto en la reducción de la brecha de género, ya que 2/3 de las pensiones mínimas y las no contributivas están reconocidas a mujeres.

 3. SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

• El sistema de atención a la dependencia ha vivido un fuerte impulso en los últimos años, gracias al incremento de financiación estatal comprometido en el Plan de Choque (2021-2023). En Extremadura, el porcentaje del gasto certificado asumido por el Estado central pasó del 13% en 2020 a casi el 18% en 2022.
• Con respecto a las listas de espera y tiempos de tramitación, a diciembre de 2022, Extremadura acumulaba un 5,2% de solicitudes pendientes de resolver. Si bien es cierto que este porcentaje se situaba en 14,9% en 2018.
• Una vez resuelto el grado y con ello el derecho a ser persona perceptora, las solicitantes entran a esperar su Plan Individual de Atención, que es donde se detalla la prestación o servicio que van a recibir. El porcentaje de personas beneficiarias con derecho a prestación a la espera de PIA en Extremadura se ha incrementado en 3,3 puntos, desde el 12,5% en 2018 hasta el 15,7% en 2022.
• En cuanto a las prestaciones del SAAD, pese a que la prestación con más peso es la prestación económica por cuidados familiares, que supone el 30% de las prestaciones del sistema a nivel estatal, en Extremadura este porcentaje ha ido disminuyendo desde el 32% de 2014 hasta el 17,3% de 2022.
• En cambio, en nuestra región las prestaciones que más peso tienen son las prestaciones económicas vinculadas a servicio, que suponían casi el 50% del total de prestaciones en 2022. La mayor parte de estas prestaciones económicas se vinculan al servicio de ayuda a domicilio.
• La atención residencial tenía un peso del 12,9% en la región en 2022. Extremadura ocupa el tercer lugar en tasa de cobertura de plazas residenciales para la población de 65 y más años, con un 6,71%. Sin embargo, si analizamos el porcentaje de plazas residenciales con financiación pública, nuestra región se sitúa por debajo de la media nacional (62,5%), con un 57%.
• Extremadura ocupa el segundo lugar a nivel nacional en gasto medio por persona beneficiaria, con 11.264,24€, muy por encima de los 8130€ de media del sistema.

 4. SANIDAD

• La prolongación de la vida representa un importante desafío para el sistema sanitario. En los próximos años y décadas, la atención primaria y la geriátrica, se van a colocar en un lugar prioritario de atención médica en el seguimiento y tratamiento de la salud de las personas mayores, por lo que las carencias que se han hecho manifiestas en los últimos años deben atajarse mediante una apuesta firme para dotarla de recursos.
• Extremadura es la comunidad autónoma con mayor inversión pública en sanidad, con un gasto porcentual del PIB del 9,9% en 2021 (frente al 6,7% de media nacional). Por niveles de atención médica, el gasto público en atención primaria de la región se sitúa en el 15% del PIB, por encima de la media nacional (14,5%). Sin embargo, es en la atención especializada donde Extremadura queda más alejada de la media (61,6%), con un 57,7% de inversión pública.
• En cuanto a las listas de espera, Extremadura ocupa el quinto lugar entre las comunidades autónomas con mayor lista de espera quirúrgica por 1.000 habitantes, con un 21,3% en 2022 (La Rioja encabeza con un 27,7% y la media nacional se sitúa en 20,8%).
• La lista de espera para consultas también ha ido empeorando en los últimos años. La media estatal ha pasado de 45,7 pacientes en espera por 1.000 habitantes en 2016 a 85,4 por 1.000 en 2022. En Extremadura esta evolución ha sido favorable ya que se ha reducido desde los 55,5 pacientes por 1.000 habitantes en 2016 hasta los 49,1 pacientes por 1.000 en 2022.