La lucha frente a la pobreza como medio para la integración social y el bienestar plenos

Para CCOO la lucha contra la pobreza no puede limitarse, siendo importante, a una actuación que afecte exclusivamente a la dimensión económica y material, debe garantizar también la plena inclusión de todas las personas en una sociedad de bienestar.

CCOO comparte así un concepto de Bienestar integral que comprende: la atención de las condiciones materiales de vida (ingresos, consumo,…); el trabajo como elemento central de pleno desarrollo y emancipación personal y social y fuente de derechos junto a la ciudadanía; la salud; la educación; la protección social; el acceso a la vivienda; la participación social y política; el medio ambiente; la garantía frente a situaciones de inseguridad, tanto económica como física; entre otras. 

Los acuerdos supranacionales como guía para lograr una convergencia social al alza con la UE

Una lucha eficaz contra la pobreza exige impulsar el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible aprobados en 2015 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030. En este día internacional cabe destacar algunas metas de dicha agenda como son reducir la incidencia de la pobreza o promover políticas públicas orientadas a crear puestos de trabajo decentes.

En el ámbito de la UE, el Parlamento, el Consejo y la Comisión acordaron en 2017 el Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS). Se trata de 20 principios y derechos relacionados con las políticas sociales y de empleo que han de servir para consolidar la Unión Económica y Monetaria.  El preámbulo reconoce además el papel fundamental que desempeñan el diálogo social y los interlocutores sociales en el desarrollo y aplicación de este pilar.

En 2021 la Comisión Europea aprobó el Plan de Acción del PEDS en el que se fijan prioridades en las áreas de empleo, formación y reducción de la pobreza que deben alcanzarse en 2030, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En dicho plan, los Estados miembros han de aumentar la tasa de empleo, la formación de adultos y reducir la incidencia de la pobreza.

CCOO reconoce que la existencia de estos acuerdos de ámbito supranacional sirve de guía para aplicar políticas nacionales que tengan en cuenta las lecciones aprendidas en las sucesivas crisis que hemos ido encadenando.  Las políticas de austeridad implantadas tras la crisis de 2008 tuvieron graves efectos sobre el aumento de la desigualdad, la pobreza y la brecha social. La lucha contra la pobreza y el logro de sociedades más sólidas económicamente solo se consigue con políticas públicas como las impulsadas a raíz de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania, tanto en nuestro país como desde las instituciones europeas.

Se registran avances pero aún insuficientes

La evolución de la tasa AROPE evidencia bien el impacto que las sucesivas crisis han tenido en las diferentes dimensiones de la pobreza. La tasa AROPE o tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se creó en 2010 en Europa para ampliar el concepto de pobreza monetaria y contemplar otras dimensiones que también reflejan el problema. Se considera que un hogar está en riesgo de pobreza o exclusión social si se encuentra en alguna de estas tres situaciones: sus ingresos están por debajo de un determinado umbral; presenta privación material en determinados gastos y bienes considerados básicos en nuestra sociedad; o tiene una baja intensidad en el empleo, es decir, sus integrantes han trabajado menos del 20% del total de su potencial de trabajo. 

La tasa AROPE aumentó durante la Gran Recesión, entre 2009 y 2014, disminuyó en el período 2015-2019, y volvió a incrementarse en 2020 y 2021, aunque sin alcanzar los niveles máximos de la crisis anterior debido a las medidas sociales implantadas. En 2022, disminuyó 1,8 puntos con respecto a 2021 hasta situarse en el  26%, de tal forma que cerca de un cuarto de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta cifra está todavía alejada de los objetivos a los que se ha comprometido España como parte del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, 24,4% en 2025 y 20,2% en 2030.

Además, es evidente la división de España en dos mitades con muy diferentes realidades de vida: las comunidades al norte de Madrid con tasas de pobreza y/o exclusión social entre 0,8 y 11,5 puntos por debajo de la media nacional (compatibles con las tasas medias europeas), y las situadas al sur que, por el contrario, mantienen tasas extraordinariamente elevadas, entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Y en esta mitad sur Extremadura es la Comunidad Autónoma con la peor tasa AROPE en 2022, con más de un tercio de su población en riesgo de pobreza y/o exclusión social (36,9%), pese a haber disminuido 1,8 puntos con respecto a 2021.  En esta región es donde se detecta la mayor proporción de personas en hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de pobreza (30%) y donde la renta media por persona es más baja. Asimismo, los efectos de la crisis energética y de inflación se aprecian en el incremento de la privación material y social severa (más de 2,1 puntos porcentuales)[1]

Propuestas de CCOO: abordar 5 retos urgentes

En este marco, CCOO viene impulsando una batería de propuestas de actuación que concentran sus esfuerzos en la consecución de los 5 retos más urgentes que debe enfrentar nuestro país:

1) Disminuir el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE).

Ø  Mejora y extensión del Ingreso Mínimo Vital. Es necesario: agilizar y flexibilizar sus requisitos; incrementar las plantillas de la entidad gestora y simplificar el sistema de gestión; hacerlo compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas y no como un mecanismo de sustitución de las mismas. 

Ø  Reforma tributaria que garantice la suficiencia de ingresos públicos y que nos equipare en contribución y equidad fiscal al resto de la eurozona.

Ø  Armonización fiscal entre Estados miembros para evitar el dumping fiscal.

Ø  Diseñar políticas específicas para aumentar el porcentaje de impacto de las transferencias sociales (distintas de las pensiones) en la reducción de la tasa AROPE.

2) Disminuir la tasa de desempleo de larga duración.

Ø  Mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos de empleo en todo el territorio. Desarrollando la ley de Empleo aprobada recientemente, y dotando a los servicios públicos de empleo de los recursos necesarios.

Ø  Potenciar las políticas activas, y asegurar en el conjunto del territorio los servicios garantizados establecidos en la nueva ley de Empleo, que incluyen atención individualizada y el acompañamiento de las personas trabajadoras durante toda su vida, así como prestar apoyo a la demanda del mercado laboral.

Ø  Ampliar y mejorar la oferta formativa dirigida a la población en desempleo, especialmente para facilitar la recualificación e inserción laboral de las personas en desempleo de larga duración.

3) Mejorar el porcentaje de población adulta de 25 a 64 años que participa en el aprendizaje

Ø  Continuar con las medidas de reducción del abandono educativo, incrementando los programas de compensación de la desigualdad, mejorando los servicios estables de orientación pedagógica y profesional e incrementando la oferta de formación profesional en la red de centros públicos.

Ø  Impulsar un acuerdo de diálogo social para la mejora de la gobernanza de la formación dirigida a la población activa. La competencia compartida entre distintas administraciones provoca la dispersión y el solapamiento de programas, y dificulta la planificación y evaluación del impacto de las políticas públicas.

Ø  Desarrollar los derechos de formación regulados en la normativa laboral, especialmente el permiso a la formación en tiempo de trabajo.

Ø  Extender la oferta pública de formación acreditable (microcredenciales), ligada a los niveles de cualificación del Marco Español de Cualificaciones, para la población activa.

4) Disminuir el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza

Según la Encuesta anual de estructura salarial del INE (2021), el 10% de las trabajadoras extremeñas con salarios más bajos cobraron una media de 6.233€ anuales, una cifra muy por debajo de los 10.088€ considerados como el umbral de riesgo de pobreza en los hogares de una persona. El salario anual para el 10% de los trabajadores varones extremeños con salarios más bajos fue de 12.575€.

Ø  Continuar incrementando el SMI hasta el 60% del salario medio.

Ø  Desarrollar el V AENC incluyendo en los convenios colectivos las subidas salariales previstas en dicho acuerdo, así como cláusulas de revisión salarial que compensen la pérdida de poder adquisitivo.

Ø  Modificar la normativa de contratación pública y de desindexación para permitir la actualización real de salarios en los ámbitos de la contratación pública intensivos en mano de obra.

5) Disminuir el porcentaje de la población con sobrecarga de costes de vivienda 

Ø  Desplegar la ley de vivienda estatal y autonómica para facilitar el acceso a la vivienda como derecho. 

Ø  Poner en funcionamiento el Impuesto a grandes tenedores de vivienda, incorporado recientemente en la Ley de vivienda extremeña, pero suspendido por el actual Gobierno de la Junta de Extremadura.

Ø  Crear un parque público de viviendas de alquiler suficiente.

Ø  Aprobar medidas que faciliten la transformación de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo, evitando el incremento de la morosidad, así como el riesgo de pérdida de la vivienda.

 [1] Fuente: “El estado de la pobreza en las Comunidades Autónomas 2023”. EAPN.