Comisiones Obreras de Extremadura | 3 mayo 2024.

CCOO reclama políticas públicas que garanticen a las personas con discapacidad el acceso a empleos de calidad y su mantenimiento

  • 3 de diciembre. Día Internacional de las personas con discapacidad

CCOO de Extremadura reclama políticas públicas que garanticen para las personas con discapacidad el acceso a empleos de calidad y su mantenimiento, puesto que los datos avalan que estas personas tienen serios problemas para encontrar empleo y conservarlo. 

04/12/2023.
3 de diciembre. Día Internacional de las personas con discapacidad

3 de diciembre. Día Internacional de las personas con discapacidad

Las 45.800 personas con discapacidad en edad de trabajar contabilizadas por el INE en Extremadura tienen una menor participación en el mercado laboral que aquellas sin discapacidad. Su tasa de actividad en la región, un 30 por ciento, es 45 puntos inferior a las de las personas sin discapacidad y 5 puntos inferior a la tasa de actividad estatal. 

Las actuaciones en el ámbito laboral, de políticas activas de empleo, de reducción y desaparición del impacto de género, en las políticas educativas y en materia de igualdad e inserción laboral ordinaria, son ejes de actuación centrales para CCOO, destacando el papel de la negociación colectiva y los espacios de diálogo y concertación social, para su consecución.

Las mujeres con discapacidad presentan peores resultados que los hombres con discapacidad en el acceso al mercado de trabajo. Sin embargo, la falta de estadística pública por comunidades autónomas dificulta el análisis en nuestra región.

Para mejorar la situación laboral de las personas con discapacidad, es prioritario aumentar las cuotas de reserva y potenciar la equidad y la inclusividad, así como evitar la segregación, en la educación pública.

Asimismo, es importante reorientar la política de incentivos hacia el empleo ordinario; establecer medidas específicas para la discapacidad sobrevenida; y consolidar el papel del diálogo y la concertación social, la negociación colectiva y los planes de igualdad.

En relación a las cuotas de reserva, es necesario incrementarlas mediante la rebaja de los umbrales de plantilla: contratar al menos a una persona con discapacidad en empresas de más de 25 personas trabajadoras; 2% desde 50 a 100 personas trabajadoras; 3% de 100 a 250 personas trabajadoras; 4% más de 250 personas trabajadoras. 

Las excepciones al cumplimiento de la cuota de reserva precisan ser revisadas para evitar que se conviertan en la norma habitual. Dadas las mayores dificultades de inserción laboral de las personas con determinados tipos de discapacidad y con grados más elevados, habría que crear cuotas de reserva específicas para estos colectivos.

Las administraciones públicas deben predicar con el ejemplo. Medidas como el cupo de reserva del 7% en las ofertas de empleo público, previsto en el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, no están consiguiendo aumentar de forma significativa el acceso al empleo público de las personas con discapacidad.

Es necesario incidir en los factores que dificultan dicho acceso y entre los que cabe señalar el papel que juega la educación pública como garante de la igualdad de oportunidades, la equidad y la inclusividad. Es necesario bajar las ratios en las aulas e incrementar los apoyos especializados, así como la red de orientación educativa y psicopedagógica para lograr el éxito educativo del alumnado con discapacidad.

Los incentivos y las ayudas deberían dirigirse hacia la integración y mantenimiento de las personas con discapacidad en el empleo ordinario. Es necesario recuperar el objetivo de los Centros Especiales de Empleo como lugar de formación, cualificación y tránsito hacia la integración en el empleo ordinario. Las plantillas de estos centros no deberían tener retribuciones inferiores al resto de personas trabajadoras del sector. Los incentivos permanentes al empleo en dichos centros han de concentrarse en los colectivos de más difícil inserción.

La discapacidad sobrevenida, o adquirida a lo largo del ciclo vital, tiene que contar con un marco jurídico y políticas específicas que garanticen el mantenimiento del empleo. Una prioridad en este sentido es la derogación del actual artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores, que establece la declaración de incapacidad como causa automática de extinción del contrato de trabajo. Ante situaciones de discapacidad sobrevenida, debe existir un procedimiento reglado con participación sindical que garantice el mantenimiento del empleo mediante la adaptación del puesto de trabajo o, si esto no es posible, la recolocación.

Desde CCOO se reivindica la negociación colectiva como instrumento eficaz para mejorar la situación laboral de todas las personas, y se afirma la necesidad de apostar por ese diálogo para mejorar la situación de las personas con discapacidad.

Y también es fundamental que las políticas relativas al empleo de las personas con discapacidad se integren en los espacios de diálogo social generales que afecten al empleo, las condiciones laborales y la protección social. 

CCOO hace un llamamiento a las organizaciones patronales y a las empresas para que se implanten en los convenios colectivos los compromisos que en materia de discapacidad hemos adquirido en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Hace falta también que los planes de igualdad entre hombres y mujeres incluyan las peculiaridades del empleo de las mujeres con discapacidad, y que se aprueben planes especiales de igualdad y no discriminación para colectivos con discapacidades específicas y/o con especiales dificultades de inserción.

 

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